Por: Gonzalo Egremy
¡SEMANA DE LA TRANSPARENCIA!
*Denuncian a AMPF y juzgado.
.-El presidente,
Enrique Peña Nieto inauguró ayer la Semana Nacional de la Transparencia,
reconociendo que existe ausencia de rendición de cuentas.
Las palabras del
Ejecutivo cayeron como “sal en herida abierta” aquí, porque los ediles que
recién concluyeron, guardan el más férreo hermetismo.
Aun cuando son
sujetos obligados, los Ayuntamientos 2012-2015, ni siquiera rindieron el
informe de cómo dejaban las administraciones.
“Hay ausencia de
transparencia y de apertura; y de clara rendición de cuentas. Y eso no podemos
permitirnos como sociedad”, dijo, Peña Nieto.
Al poner en
marcha, ante senadores y diputados y demás órganos garantes y sujetos
obligados, la Semana Nacional de la Transparencia, pidió que “se consolide la
cultura de la rendición de cuentas en el país”.
Efectivamente, a
raíz de la reformas Constitucionales, el gobierno de Peña Nieto ha promulgado
un cúmulo de leyes, entre ellas, en mayo de este año, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La misma Ley
obliga a la transparencia a más personas, autoridades e instituciones; y un mes
y medio después, se crean el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.
Sin embargo,
como el propio presidente, Peña Nieto reconoció, hace falta que las entidades
federativas armonicen sus leyes locales con la LGTAIP, así como concretar la
legislación vinculada a la nueva Ley Federal de Transparencia, a la Ley General
de Archivos y a la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos
obligados.
Como se aprecia,
ese cúmulo de Leyes Generales, federales, locales, y demás cuerpos normativos,
crean una “maraña” de subterfugios para que los deshonestos servidores públicos
y “dueños” de partidos políticos y sindicatos, entre otros obligados, evadan
transparentar y rendir cuentas a la sociedad.
Las Leyes, como
la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrán ser “de avanzada”
en México, pero la realidad es muy distinta: no se aplica más que a los
enemigos del sistema, a los adversarios de los gobernantes en turno y para el
resto, la gracia de la impunidad.
Porque la LGTAIP
contempla “información reservada o confidencial”, que es “aquella que por sus
características no puede ser divulgada, como: expedientes administrativos,
procesos de fiscalización en trámite, juicios en proceso, averiguaciones
previas, información clasificada por tener algún impacto en la seguridad
nacional o en la estabilidad económica”.
Debiendo considerar
“el procedimiento de prueba de daño y prueba de interés público” que se tengan
que acreditar respecto de aquellos particulares que como sujetos obligados sea
necesaria la entrega de información”.
Ya lo decíamos
en una entrega anterior: si los dueños de los sindicatos, partidos políticos y
demás sujetos obligados de la LGTAIP invocan que no pueden proporcionar la
información solicitada, porque, supuestamente, ocasionaría daño a la
estabilidad económica de esos negocios, el uso de los recursos seguirá en la
opacidad y ocultos en cuentas bancarias particulares.
La Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene 216 artículos, y
obliga a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, fondos públicos, a
cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos del erario o
realice actos de autoridad, a informar a la ciudadanía.
Los poderes de
la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como los todos los gobiernos
estatales y municipales, y órganos autónomos, también son constreñidos por la
LGTAIP a informar al ciudadano que pregunte, pero ya antes de esa Ley de
Transparencia eran obligados.
Apegados a la
LGTAIP se solicitó información sobre la rendición de cuentas que debieron
realizar los Ayuntamientos Municipales 2012-2015, y la respuesta desde Tuxtla
es que “no contamos aun con esa información porque está en trámite”, en tanto
muchos hoy ex ediles y su séquito de saqueadores, perdón, colaboradores, ya
pusieron tierra de por medio, ¿no cree usted?
BISBISEO
En la inmensa
mayoría de las nuevas administraciones municipales han sido ya designados
secretarios, directores, subdirectores, jefes de áreas y demás servidores públicos//Sin
duda los responsables de las designaciones revisaron currículum vitae,
comprobaron que no existiera antecedentes penales, ni inhabilitaciones y menos
enfermos por adicciones//Claro está que por “error” se les pudo “nublar la
vista” y colarse uno que otro que no reúna el perfil del cargo, o con negros
antecedentes en el desempeño del puesto que detentaron anteriormente o con el
gusto por el alcohol, o en meter las uñas//Y no deberían creer que la ciudadanía
no tiene memoria//Se bisbisea que a un Agente del Ministerio Público Federal (con
apellido de rey Azteca) de la subdelegación Tapachula, le fue abierta una
averiguación previa en la PGR de la ciudad de México, por presuntamente
extorsionar al familiar de un abogado detenido por migración transportando a
indocumentados. Ampliaremos//Salud.
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