IEyPC: Auditoria
en curso.
Víctor M. Cruz
Roque
El Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana también fue contaminado-manoseado, vilipendiado,
execrado-por el torbellino de atrocidades cometidas durante la administración
estatal anterior, cuya pandilla gansteril
era jefaturada por el ex gobernador Juan Sabines Guerrero. Esa institución, que
se define como un “organismo público, autónomo, independiente y dotado de
personalidad y patrimonio propios”, se encuentra sumido en la crisis más severa
de su historia, sobre todo por el nivel de endeudamiento que posee, que llegó a
calcularse en 136 millones de pesos, pero que tras exhaustivas revisiones, esos
pasivos descendieron primero a 71 y actualmente, según trasciende, bajó hasta
60 mdp. La diferencia de las cifras que presenta el saldo negativo, podría
deberse a que se descubrieron serias irregularidades, es decir parte de esas
deudas eran artificiales.
Pero no basta esa explicación, es
necesario que se puntualice y sobre todo que se le ponga nombre y apellidos a
quienes propiciaron el desgarriate que hoy presenta esa entidad.
De acuerdo a lo afirmado por el
actual Consejero Presidente, Adrian Alberto Sánchez Cervantes, el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, realiza-¿todavía?-una auditoría
para conocer la situación prevaleciente, es decir, donde se ubican los
renglones torcidos escritos sobre las páginas de esa noble instancia
procreadora de democracia.
No habría que ir muy lejos para
saber con exactitud dónde se localizan las raíces podridas que mantienen al
IEyPC al borde del colapso financiero, y si el OFSCE realiza bien su trabajo,
seguramente en aproximadamente un mes y medio podrían conocerse los resultados
reclamados por la sociedad. Aunque el actual Consejero Presidente rehúsa llamar
que el IEyPC se encuentra en “quiebra”, no hallamos otro calificativo más
benevolente para denominar la situación imperante, toda vez que correspondería
a la línea general en que se halló toda la estructura gubernamental producto
del paso ominoso de lapso sexenal, de la administración inmediata anterior.
En el Consejo General todavía
aparecen como cobrones—de cobrar, no de lo que a usted le sería fácil leer—
Gabriela de Jesús Zenteno Mayorga, Marco Antonio Ruiz Guillén, José Luis
Zebadùa Maza y Salvatore Constanzo Ceballos, lo que significa que los tres últimos, que ostentaron el mando
superior, están “a la mano” por aquello
de que fuese necesario deslindar responsabilidades, si así fuera el caso,
claro.
La explicación que en especie de
salvavidas se aduce, es que el IEyPC no recibió las ministraciones completas
por parte de la Secretaria de Hacienda del Gobierno anterior, lo que de ningún
modo exime el hecho de que con lo ejercido, se hayan hecho gastos onerosos,
desvíos, pagos innecesarios, cobijo de “aviadores”, etcétera, tal y como en su momento se denunció en los
medios de comunicación, y es lo que suponemos investiga el Órgano de
Fiscalización.
Que los consejeros electorales se
redujeron el 25% de su salario, que es de 81 mil 164.71 pesos, en “solidaridad” con el plan de austeridad por
el que actualmente transita la administración pública estatal, es lo menos que
pueden hacer; que se restringió el uso de telefonía celular a varios directivos
y manos segundones, también;—no así a los consejeros y a dos directores--; que
se encorralaron la mayor cantidad de los vehículos oficiales; se redujo el
gasto en gasolina y otros servicios, de igual manera. Ese “ahorro” proyectado
es insuficiente a la hora de responder la pregunta básica de ¿Para qué diablos
sirven los organismos como el de comento cuando no transcurren tiempos no
electorales?
La obesa burocracia que nos ocupa,
sobre todo la alta, debiera ser sometida a revisión, y de ser posible
desaparecerla temporalmente tal y como ocurre en otras entidades de la República,
toda vez que es onerosa, inútil, lesiva, perniciosa y succionadora de
presupuestos públicos. Eso de que se mantiene al mínimo para llevar a cabo
tareas de “fortalecimiento de la cultura cívica”, es una falacia engaña
ingenuos, que no es concurrente con la severidad económica que padece nuestra
entidad.
Por lo pronto habría que estar
pendientes de los resultados de las auditorias que practica en estos días el
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, porque si es como la
opinión pública sospecha, en el propio Consejo General del IEyPC están los
candidatos a que sus respectivas cabezas se posen sobre la guillotina de la
justicia. Bien lo decía la abuela, tanto peca el que mata la vaca como el que
detiene la pata.
EN CONCRETO.
Lo sucedido el 22 de diciembre de
1997 en la comunidad de Acteal, Chenalhò, donde fueron acribillados 45
indígenas tzotziles, sigue siendo carne
de disputa y de venganzas políticas, ubicándose como protagonistas a dos ex presidentes
de la República: Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. La
noticia más reciente refiere que éste último acudió a la corte federal de
Connecticut, Estados Unidos, para
solicitar que esta instancia omita el fallo del Juzgado 16 del Distrito
Federal, que declaró inconstitucional la petición de inmunidad para el ex
mandatario presentada por el también ex mandatario federal Felipe Calderón
Hinojosa. De acuerdo a la información dada a conocer, Zedillo argumenta que la
determinación del organismo mexicano no procede ante la justicia del vecino
paìs.
Este hecho ocurre 21 días después de
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de
20 coacusados por el etnocidio, argumentado que la PGR desvirtuó la integración
de los expedientes y obró con dolo y mala fe para someterlos a proceso
judicial. De los 36 inculpados inicialmente, solo seis permanecen en prisión y
se espera que de un momento a otro también sean liberados por el máximo
organismo de impartición de justicia de nuestro paìs.
Acteal fue y sigue siendo uno de los
episodios más controvertidos y emblemáticos del autoritarismo oficial en contra
de los pueblos indígenas del paìs. Su trascendencia internacional y por causas
aún no explicadas fehacientemente, la corte del paìs vecino aceptó el caso en
medio de sospechosos movimientos, como por ejemplo, a la fecha no se conocen
los nombres de los promoventes del juicio que pretende sentar en el banquillo
de los acusados al ex presidente Ernesto Zedillo.
Aquí en Chiapas, la liberación sorpresiva
de los 20 implicados provocó una serie
de reacciones, aunque la oportuna decisión e intervención de las autoridades
estatales, para disuadirlos de la no conveniencia de que retornen a sus
comunidades de origen, evitó nuevas confrontaciones entre los familiares de los
fallecidos y los liberados por la SCJN.
Lo
más grave de todo, es que mientras “abajo”, ofensores y ofendidos, están
sujetos a las determinaciones de las instancias judiciales, el caso este siendo
utilizado como vendetta que prohíja intereses políticos de primer orden.
APUNTES.
**Trasciende que en la agenda
inmediata de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, ya se
encuentra casi lista la iniciativa para volver a reformar el Consejo Estatal de
Derechos Humanos. El documento en mención prevé que nuevamente se instituya la
figura de Comisión, tal y como estaba antes de su modificación.
**La Diócesis de San Cristóbal de
las Casas organiza una “peregrinación” para el próximo 19 del presente, con el
propósito de “orar” por la libertad del indígena tzotzil Alberto Patishtàn. El
objetivo de la instancia clerical es acudir a la sede del Primer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez, en solidaridad con el
sentenciado a 60 años de prisión. Se espera que este organismo judicial emita
ese día, un veredicto sobre el reconocimiento de inocencia del inculpado por
los hechos ocurridos en junio del 2000 en el tramo carretero que une a los
municipios de El Bosque y Simojovel, en el que perdieron la vida 7 agentes
policiacos. De no ser así, solo queda el recurso del indulto presidencial.
**El asunto de los incendios
forestales que actualmente ocurren en varias zonas de la geografía estatal ya
está tomando cauces de alta preocupación. Tan solo en la Reserva Natural de El
Cañón del Sumidero hay tres activados, lo cuales provocan que en la capital del
estado se perciba una densa bruma con el aumento de calor, que en Chicoasén
llegó a los 44 grados.
Es todo, gracias.
