∙ Obtiene PGR
Vinicio Portela Hernández
Por alojar a extranjeros que se
internaron de forma ilegal al territorio nacional, se les dictó auto de formal
prisión a dos personas dueños de una posada en San Cristóbal de las Casas.
El Juez del Ramo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial en el Valle de Jovel resolvió que había
suficiente evidencia para iniciar su proceso penal por la probable comisión del
delito de: “a quien albergue en el territorio nacional, con el objeto de
obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el
fin de evadir la revisión migratoria y con las conductas descritas se realicen
respecto adolescentes indocumentados y se realicen en condiciones o por medios
que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la
vida o de lugar a un trato inhumano o degradante de las personas indocumentadas”,
los cuales se encuentras previstos y sancionados por los artículos 159 fracción
III, 160 fracción I y II y 162 de la Ley de Migración, en relación al Artículo
194 del Código de Procedimientos Penales Federales fracción V.
Los hechos ocurrieron en días pasados
cuando a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes,
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, remitió por
incompetencia a la Delegación de la PGR en Chiapas la averiguación previa para
su integración, luego de que las dos personas señaladas, las cuales son madre e
hijo, fueron detenidos mediante la cumplimentación de una orden de cateo en la
“Posada Lupita”, ubicada en Avenida Insurgentes entre Calle Pino Suárez y
Álvaro Obregón, número 46, barrio Santa Lucía, en la cabecera municipal de San
Cristóbal de las Casas.
Durante la diligencia judicial se
localizó, al final del inmueble, un patio de aproximadamente 15 metros de
fondo, donde se encontraban 16 personas, todos de nacionalidad guatemalteca y
que no contaban con la documentación para estar legalmente en territorio
nacional.
Los extranjeros aseguraron a la
autoridad aprehensora que se encontraban escondidos “por instrucciones de la
dueña de la casa y de su hijo porque tenían el temor que los encontrarán y los
deportaran a su país de origen”.
Cabe hacer mención que los ciudadanos
de Guatemala se encontraban en condiciones que ponían en peligro su integridad
física y de salud, a demás que entre ellos había también menores de edad.
La propietaria de la “Posada Lupita” y
su hijo, quien era encargado del lugar, ambos mayores de edad y de nacionalidad
mexicana, se encuentran recluidos en el Centro
Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número
5 en San Cristóbal de las Casas a disposición del Juez de la causa a fin de que
continúe su proceso penal.
